Criminalizar la verdad

Se pretende criminalizar de manera especial a la crítica o denuncia que se acerque más a la realidad de los hechos. En otras palabras, mientras más veraz más criminosa al criterio del oficialismo rojo
Por: Fernando Luis Egaña Desde hace años, la revolución bolivarista se ha dado a la tarea de identificar la crítica o denuncia a su desenvolvimiento con delitos político-penales. Las sucesivas reformas del Código Penal, la Ley Mordaza o Resorte y otros instrumentos "legales", el inventario de reglamentos y providencias en materia comunicacional, y desde luego el proceder de sus jerarcas intimidando y agrediendo a diestra y siniestra, y también encausando y condenando, lo demuestra hasta la saciedad. Pero ahora están yendo más allá: se pretende criminalizar de manera especial a la crítica o denuncia que se acerque más a la realidad de los hechos. En otras palabras, mientras más veraz más criminosa al criterio del oficialismo rojo. Ello explica, por ejemplo, las amenazas nada veladas al cardenal Urosa de ser "llevado a la justicia" por razón de sus declaraciones en la que advertía sobre la orientación comunista del régimen de Chávez. Amenazas que han partido del propio mandatario, con la esperable secuela de ecos en los y las titulares de otros poderes formales. Igual puede decirse de las acusaciones por traición a la patria, a aquellos que expresen su preocupación por la presencia de grupos guerrillero-terroristas colombianos en territorio nacional, y sus vinculaciones con autoridades del Estado venezolano. Las evidencias al respecto son numerosas y crecientes, y acaso eso sea lo que imponga el afán incriminante. Ya los gobernadores del Táchira y Zulia han recibido la campanada: plantear el tema de la radicación venezolana de la guerrilla colombiana equivale a delinquir contra la seguridad de la patria...  Por ese camino, poco falta para que la consideración del latrocinio de Pudreval también sea motivo para la acción de la justicia revolucionaria, desde luego que no para los perpetradores del latrocinio sino para sus denunciantes o meros opinantes con sentido crítico. Según esta "lógica", lo criminal no está en el mal en sí mismo sino en el daño político que pueda suponer su exposición pública, lo que a su vez está asociado a su correspondencia con la realidad, a la aproximación a la verdad. Se trata de un peldaño adicional en la escalera del despotismo: lo primero fue criminalizar las preferencias políticas no-oficialistas con listados y discriminaciones; luego vino la penalización informativa con un amplio repertorio de sanciones que estimulan la autocensura y, si esta es insuficiente, facilitan el zarpazo silenciador; y ahora, en adición a todo lo demás, la criminalización se intensifica sobre todo aquel reclamo o planteamiento que, por verdadero, pueda afectar en mayor medida el afán de perpetuación del régimen imperante. Con todo y sus chapucerías, es el propio surrealismo totalitario instalado en Miraflores. flegana@gmail.com