Diversas investigaciones realizadas por agencias federales en Estados Unidos y voluminosa información acumulada en casos criminales que se desarrollan en tribunales norteamericanos evidencian queVenezuela se ha convertido en un narcoestado con características propias y dimensiones sin precedentes en la historia de América Latina.

Venezuela Al Día/ Maibort Petit@maibortpetit

El actual gobierno estadounidense ha avanzado en las averiguaciones sobre altos funcionarios del régimen venezolano que tienen vínculos con operaciones de narcotráfico a gran escala, la magnitud de la información recabada es tal que convierte a la administración de Nicolás Maduro y la de su predecesor, Hugo Chávez, en un caso único en el que la cúpula política está ligada a la industria criminal, asegura el abogado experto en blanqueo de capitales, José Pérez B.

En la óptica de Pérez, el gobierno socialista de Venezuela ha permitido que los narcotraficantes, incluidos los notorioscarteles mexicanos de Sinaloa, Zeta y Atlántico, así como terroristas potenciales y otros criminales, operen libremente dentro del país sudamericano sin temor a represalias, y lo que es peor aún, ofreciendo seguridad y apoyo a los grupos criminales que operan a lo largo y ancho del territorio.

Evidencias que fueron estudiadas por el Senado

En el mes de marzo de 2017 se presentó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, un testimonio que confirmó las conexiones venezolanas con la industria del narcotráfico mundial. En ese momento, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), Shannon O'Neil, dijo que “en términos de seguridad, la voluntad de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores nefastos dentro de sus fronteras, afecta también a la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Los informes elaborados por CFR muestran que las bandas criminales de Colombia (BACRIM), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), operan en el país, al igual que los cárteles de Sinaloa y Zeta de México.

Sin duda alguna —dijo O'Neil— Venezuela se ha convertido en la ruta preferida de contrabando de drogas en Sudamérica, pues es la vía que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a los Estados Unidos a través de América Central y el Caribe Oriental, y a Europa a través de África Occidental.

En el informe se destaca que el gobierno venezolano puso fin de manera efectiva a la cooperación antidrogas hace una década y desde entonces las investigaciones de la Administración de Aplicación de las Drogas (DEA) y del Departamento de Justicia (DOJ) apuntan a la colusión activa y la colaboración entre funcionarios prominentes del gobierno y narcotraficantes.

Por otro lado, el informe anual del Departamento de Estado sobre estrategia para el control de narcótico dice que Venezuela se ha convertido en el centro de distribución más importante para el tráfico de drogas en las Américas.

Expertos han señalado que se ha establecido que más de 200 toneladas de cocaína pasan por el país sudamericano cada año, lo cual representa el 40 por ciento del consumo mundial.

Cada vez hay más sancionados

Los expedientes en las cortes federales de los Estados Unidos sobre ciudadanos ligados al gobierno de Venezuela acusados de operar en el negocio del narcotráfico se han incrementado de manera paulatina y sostenidamente, y gracias a la información suministrada por otros individuos que han decidido colaborar con la justicia norteamericana ofreciendo datos sobre rutas de la drogas, personajes, montos y otros elementos del crimen, el gobierno ha logrado reunir una serie de datos que le han permitido incluir dentro de la lista desancionados del Departamento del Tesoro a funcionarios de alto nivel del gobierno de Venezuela, incluyendo al vicepresidente, Tareck El Aissami, quien fue especialmente designado como narcotraficante vinculado a las organizaciones continentales de tráfico de drogas.

La administración de Trump también acusó al vicepresidente de Venezuela de haber mantenido vínculos con una variedad de personajes y protagonistas clave del terrorismo y el narcotráfico.

Las sanciones han congelado los activos deEl Aissami y su testaferro, Samark López, en Estados Unidos, los cuales, según voceros oficiales, superan los 500 millones de dólares.

En la medida en que se ha dado a conocer la información sobre los vínculos de funcionarios del gobierno venezolano con el narcotráfico, se ha comenzado a observar cómo el régimen de Maduro ha hecho esfuerzos extraordinarios para brindar apoyo y resguardo a los sancionados por el Departamento del Tesoro de los EEUU que hace esfuerzos por mantener en el tiempo la política de guerra contra las drogas. Una pelea en la que el acorralamiento a los agentes de la administración de Venezuela dedicados al crimen organizado, es vital.

Para José Ferrer la decisión de Maduro de brindar protección y blindar a los sancionados por la OFAC busca asegurar la lealtad de dichos funcionarios a la llamada revolución bolivariana.

Frente a las pocas probabilidad de que se produzca una salida a corto plazo y por la vía electoral, las autoridades norteamericanas decidieron compartir con los países más importantes de la región latinoamericana un expediente que muestra un sin número de operaciones que devela las conexiones de militares y funcionarios del régimen de Maduro con el narcotráfico y el terrorismo internacional y el uso de entes gubernamentales para realizar las operaciones criminales, aseguró una fuente que pidió mantenerse en el anonimato.

Vínculos profundos con el narcotráfico

Las evidencias recogidas por las agencias federales norteamericanas revelan que existen vínculos del gobierno venezolano con el narcotráfico. Un caso que ha dejado ver tales relaciones de alto nivel entre los cárteles de la droga y el gobierno de Nicolás Maduro, es el que tiene que ver con los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, ambos declarados culpables por un jurado en Nueva York, de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína de alta pureza desde Venezuela a los EEUU, vía Honduras.

Asimismo, el general Néstor Luis Reverol Torres —actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela y exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) de la nación suramericana— fue acusado en Estados Unidos en agosto de 2016 por cargos de tráfico de cocaína, junto con el exsubdirector del mismo ente, Edilberto Molina Molina.

La lista de funcionarios implicados en el narcotráfico incluye otro exministro de Interior y Justicia, dos altos oficiales de inteligencia y uno de rango medio que actualmente es juzgado en los tribunales norteamericanos, un piloto que fue militar y servía a la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y otros que tuvieron vinculaciones con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Pero a juicio del gobierno de Estados Unidos, las implicaciones de Venezuela con el crimen organizado no se limitan únicamente al tráfico de cocaína y a la violencia que se genera y cobra vidas en la frontera sur, sino que el caso del incremento del narcotráfico en el país bajo la tutela de Nicolás Maduro, incluye una enorme actividad de lavado de dinero de origen ilícito que, sin duda, alguna compromete la integridad del sistema financiero estadounidense.

Terrorismo islámico

En los últimos años han surgido otros elementos que prueban la cercanía entre el gobierno de Venezuela y las organizaciones criminales internacional. Uno de ellos fue el escándalo desatado a raíz de la venta de pasaportes y documentos de identidad venezolanos a ciudadanos del Medio Oriente por parte de funcionarios del gobierno de Venezuela en la Embajada venezolana en Irak, se constituye como uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades encargadas de la seguridad de los Estados Unidos.

Con este hecho asoma al panorama la posibilidad cierta de que Caracas esté facilitando la entrada de militantes islámicos a América Latina.

Igualmente, las autoridades norteamericanas han expresado públicamente su preocupación por las denuncias que aseguran que en 2013 en la embajada de Venezuela en Siria se emitieron pasaportes a terroristas por orden de Ghazi Atef Nassereddine, diplomático venezolano sancionado por el FBI y que es un agente clave de Hezbollah.

Durante el gobierno de Hugo Chávez se establecieron acuerdos comerciales, militares, políticos e ideológicos con el entonces presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que tenían como objetivo principalísimo contribuir con la evasión de sanciones, el terrorismo y la subversión ideológica.

Caracas fue un facilitador clave para con los esfuerzos de Teherán por eliminar las sanciones y de ello existen evidencias claras de que los dos regímenes establecieron negocios y crearon instituciones financieras en Venezuela, que buscaban blanquear dinero iraní, adquirir tecnología y sobornar altos funcionarios venezolanos.

Los tratados de cooperación entre Venezuela e Irán llegaron incluso a la creación de bancos binacionales y hasta de líneas aéreas que operaron por un tiempo —aun sin provecho comercial— vuelos en la ruta Caracas-Damasco-Teherán.

Asimismo, se sabe que Venezuela pasó a ser la base de operaciones de los grupos revolucionarios iraníes en el hemisferio occidental, llegando incluso a crear centros de entrenamiento en varios lugares del territorio venezolano donde se recibían criminales pertenecientes a varios grupos terroristas del Medio Oriente, entre los que destaca Hezbollah, destaca el último informe del Departamento de Estado norteamericano.

Sobre este último, hay reportes que evidencian que Hezbollah ha usado a Sudamérica como base para sus redes de financiamiento del terror durante décadas, lavando dinero a favor de organizaciones criminales y usando los beneficios para financiar su búsqueda de poder en Líbano, en Siria y el establecimiento del terrorismo en el extranjero. Las actividades criminales de esos grupos criminales —dice Pérez— benefician al régimen venezolano.

“En mayo de 2016, el Departamento de Estado determinó, en conformidad con el artículo 40ª de la Ley de Control de Exportación de Armas, que Venezuela no estaba cooperando plenamente con los esfuerzos estadounidenses de lucha contra el terrorismo“, comienza el informe correspondiente al país caribeño.

El texto sostiene que Venezuela mantuvo un ambiente permisivo que permitió el apoyo de actividades “que beneficiaron a grupos terroristas“.

Además de Hezbollah, hay otros movimientos extremistas que recibieron el apoyo del chavista en los últimos años, entre los cuales destacan: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la organización terrorista española ETA.

PDVSA: ¿Una industria criminal?

Paralelo al hecho que funcionarios del gobierno de Venezuela han sido acusado de estar vinculados o de operar directamente en el negocio del narcotráfico y el terrorismo, las autoridades federales de los EEUU también tienen en la mira a la empresa estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuya estructura supuestamente habría sido usada como vehículo para el tráfico de drogas y para el lavado del dinero proveniente de ese delito organizado.

Una serie de eventos que a continuación mencionamos advierten que la principal empresa del país podría haber sido usada por agentes de los gobiernos de Chávez y de Maduro para cometer delitos de alcance internacional. He aquí algunos de ellos:

1) 10 de agosto de 2017: El exmilitar venezolano Sunny Balza reveló que personas cercanas al gobierno de Venezuela se reunieron en la isla Margarita con operadores del Cártel de Sinaloa y que su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, visitaba seguido ese destino turístico.

En declaraciones al canal de la televisión colombiana NTN24, el capitán dijo haber tenido conocimiento de que un primo de Diosdado Cabello, actual vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), “compartió” en isla Margarita con mexicanos vinculados a la organización criminal mexicana.

El exmilitar aseguró que los hijos de El Chapo Guzmán -procesado en Nueva York- fueron vistos en la isla, en aguas del Mar Caribe.

“Cada dos meses, cada tres meses (Joaquín Guzmán Loera visitaba la isla). La entrada la hacía por vía marítima, por la marina del Concorde, eran los ingresos a la isla Margarita, y normalmente su estadía era en el área de El Yaque, ya que tiene viviendas (…) allá en esa área”, dijo Balza.

El capitán señaló que durante su estancia en la isla como comandante de una unidad militar adscrita al aeropuerto, fue testigo frecuente del traslado de cargas a bordo de aviones de Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin ningún tipo de control aduanal o policiaco.

Dejó abierta la posibilidad de que dichos embarques, realizados en horas de la noche, pudiera ser cocaína, aunque se abstuvo de asegurarlo “porque (el manejo) era muy restringido, aparte que no contaban con ningún tipo de control aeroportuario, control de narcóticos, ni con revisión de ningún tipo”.

Balza involucró en esos movimientos a los hijos de Cilia Flores, actual esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro, así como al vicepresidente Tareck El Aissami.

2) 19 de junio de 2017: La estatal petrolera PDVSA negó que el camión incautado con droga esté registrado a nombre de la empresa, y el conductor no es un trabajador de Gas Comunal ni de la industria petrolera.

Luego de que una gandola de Pdvsa Gas Comunal impactara contra una vivienda en el sector El Naranjal carretera Trujillo-Zulia, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) descubrió 783,63 kilogramos de cocaínaocultos en 23 sacos de comida para animales.

PDVSA a través de una nota de prensa dijo que “tanto el conductor como el vehículo fueron sometidos a los procesos de verificación correspondientes, mediante lo cual se confirmó que la persona no es trabajadora de Gas Comunal ni de la industria petrolera nacional. Asimismo, los equipos involucrados no forman parte de los activos del Estado venezolano” .

3) 17 de junio de 2017: El más reciente de los casos que se produce como un hecho fortuito, casual, no producto de una investigación o seguimiento. La Policía Nacional Bolivariana, PNB, se lleva una sorpresa al descubrir que una gandola de Pdvsa Gas Comunal transportaban 783,63 kilogramos de cocaína.

Cuando los funcionarios de la PNB en operativo conjunto con la las autoridades de Transporte Terrestre se acercaron a la unidad de la petrolera para hacer una inspección rutinaria en la vía luego de que esta chocara contra una vivienda en el sector El Naranjo de Mene Grande, estado Zulia, en los límites con el estado Trujillo, observaron una actitud nerviosa fuera de lo común en el conductor y copiloto.

Al revisar la gandola encontraron 23 sacos con 739 panelas de cocaína.

Informaron del caso el comisionado agregado Vivas Vivas, de la PNB, con el director de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA, José Castillo; el jefe del REDIP Los Andes, Cristian Morales y autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Cicpc, sub delegación Trujillo .

4) 10 de marzo de 2017: La asociación civil Paz Activa aseguró que el narcotráfico es el delito organizado con más incidencia en Venezuela, por lo menos así se evidenció en el año 2016 en el informe anual de la institución.

El sociólogo, Luis Cedeño, director ejecutivo de la citada ONG sostiene que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión son los tipos de delitos que más dinero generan y por eso lideran el portafolio de crímenes. A estos delitos le siguen el asesinato por encargo, la corrupción, el contrabando, la legitimación de capitales, el delito financiero y la minería ilegal.

Paz Activa auspicia el Observatorio del Delito Organizado, una institución que ha determinado que en Venezuela se han identificado 25 bandas que se dedican al tráfico de drogas en 8 entidades políticas, mientras que otras 42 organizaciones criminales operan en 6 estados venezolanos cuya principal operación es el secuestro.

Cedeño aseveró que de los integrantes de estas bandas delictivas al menos

5 por ciento son funcionarios de cuerpos policiales y militares y agregó que por casos de narcotráfico se vieron salpicadas instituciones como las estatales PDVSA y Corpoelec .

5) 13 de febrero de 2017: La Oficina de Control de Recursos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), sanciona al vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, y al empresario Samark José López Bello, señalado de ser testaferro del primero.

La OFAC refiere que trece empresas propiedad de El Aissami y López Bello, así como una aeronave forman parte de la investigación y fueron bloqueadas.

El Departamento del Tesoro asevera que la sanción al exgobernador de Aragua es por“jugar un papel importante en el narcotráfico internacional”. López sería la persona que le brinda asistencia material y financiera en bienes y servicios para apoyar al alto funcionario en las actividades de tráfico de sustancias ilegales.

EEUU señala a El Aissami de que supuestamente “facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, para llevarlos en aviones que despegaban desde una base en Venezuela; así como el control de rutas a través de los puertos de Venezuela. En sus cargos anteriores, monitoreo o fue parcialmente propietario de cargamentos de más de 1000 kilos que partían de Venezuela y cuyo destino final era México o los Estados Unidos”.

El vicepresidente habría facilitado, coordinado y protegido a otros narcotraficantes en Venezuela. En especial, recibió pagos de Walid Makled García. El Aissami también está relacionado con la coordinación de cargamentos de Los Zetas, un violento cártel de drogas; así como proveer a Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco”, y al narcotraficante venezolano Hermágoras González Polanco.

Estatales como Pdvsa, Pdvsa Gas y Sidor figuran entre las instituciones estatales venezolanas a las que las empresas de López Bello ofrecieron sus servicios, al igual que también lo habrían sido el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Minci, y Corpoelec .

6) 25 de octubre de 2016: Un caso en el que el gobierno de Estados Unidos formularía cargos y decomisaría activos a doce venezolanos que se sospecha aceptaron sobornos por adjudicar contratos con sobreprecios de la estatal petrolera PDVSA, también podría guardar vínculos con el narcotráfico.

La DEA, el FBI y la Seguridad Nacional de EEUU investigaron por al menos tres años este caso que data desde 2005 y estiman que las personas bajo averiguación que incluye funcionarios venezolanos, son sospechosos de estar involucrados con el tráfico de cocaína.

El interés de Estados Unidos por el caso radica en el hecho de que el dinero supuestamente mal habido habría ingresado al sistema bancario norteamericano y se estaría utilizando para comprar propiedades en territorio estadounidense.

7) 25 de julio de 2016: Las revelaciones surgidas en el juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial venezolanos que los declaró culpables de conspirar para introducir 800 kilos de cocaína a Estados Unidos, confirman las denuncias que vinculan a funcionarios del gobierno de Venezuela con tráfico de drogas, con la guerrilla colombiana de las FARC y la corrupción en Petróleos de Venezuela, PDVSA.

Los testimonios de Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, así como las pruebas recabadas por la fiscalía de Nueva York, contienen una serie de elementos que comprometen al Gobierno de Nicolás Maduro.

Habría quedado demostrado que funcionarios del gobierno venezolano trafican droga de la FARC como lo habría admitido a la DEA, Efraín Campo Flores.

Igualmente se estableció que existe la ruta de Honduras, la cual era protegida por el difunto presidente venezolano, Hugo Chávez.

Del mismo modo, la declaración de los primos Flores confirmó la existencia e importancia de una ruta segura de tráfico de drogas, especialmente de cocaína, por Centroamérica, a través de Honduras, para llevar cargamentos hasta Norteamérica (México y EE UU). Este recorrido consolidó en el gobierno de Chávez, durante la presidencia de, Manuel Zelaya, quien fue destituido de su cargo en 2009.

Se determinó que la droga circulaba por los aeropuertos venezolanos sin inconvenientes de ninguna naturaleza. El parentesco de los primos Flores habría sido la llave que abría las puertas de los terminales aéreos para traficar drogas sin problema alguno. Durante los interrogatorio, Campo Flores afirmó “que podría haber pasado las drogas por el aeropuerto muy fácilmente debido a quién era y debido al acceso que tiene en el aeropuerto”. Agregó que “no tenía necesidad de coordinar con nadie para lograr esto”. Efraín Campos Flores y Franqui Flores aseguraron que por el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía es muy fácil sacar sustancias ilegales. Los casos de Air France y Aeroméxico son un buen ejemplo. Para ello, afirmaron que ni siquiera necesitaban un contacto militar.

Del mismo modo, en mayo de 2015, la ex-magistrada, Miriam Morandi, comadre de Cilia Flores, fue detenida cuando estaba a punto de salir sin controles del país en compañía de Richard Cammarano, solicitado por tráfico de drogas. Se dijo que la detención era parte de una treta de los adversarios de la pareja presidencial dentro del PSUV.

El caso de los narcosobrinos también develó que PDVSA es utilizada para el lavado de dinero procedente del narcotráfico, cuando los familiares de Cilia Flores refirieron que había hablado con su primo, Carlos Malpica Flores, extesorero de la nació